Los beneficiarios del fallo contra el estado nacional por la expropiación de YPF presentaron un escrito en donde piden información sobre activos a embargar. La compañía estatal está a un paso de volver a quedar involucrada en el caso.
Sebastián Maril, uno de los analistas que más conoce las causas de YPF que tramitan en los tribunales de los Estados Unidos, informó hoy en su cuenta de X que los beneficiarios del fallo que emitió la jueza Preska, en donde responsabilizó al Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF, argumentaron que Argentina está trabando el discovery y solicitaron información al Gobierno sobre activos que podrían quedar sujetos a embargo.
Según la misma fuente, ese listado incluye las acciones de YPF expropiadas a Repsol, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas de activos, deudas y transacciones del Estado, el swap con China y las concesiones para la exploración de Recursos Naturales, entre otros.
Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre.
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) February 28, 2024
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De este listado, surge con claridad cuál es la intención de los demandantes en la causa Petersen: volver a involucrar a YPF en la causa y cobrarse el juicio con la empresa.
En el primer fallo de la jueza Preska, de febrero de 2023, YPF había sido eximida de toda responsabilidad en la causa y era el Estado argentino quién debía hacerse cargo de la indemnización por los daños.
En la actual condición de las finanzas argentinas, estaba claro que la defensa argentina iba a establecer como estrategia la de dilatar el fallo con apelaciones sin mucho fundamento y obstaculizar el Discovery para evitar los embargos.
Ese camino, podría llegar a su fin a partir de la audiencia que debe convocar la jueza Preska para resolver este pedido de los beneficiarios del fallo.
Si se logra avanzar con la información solicitada, los embargos podrían recaer sobre las acciones de YPF como primer paso para su privatización por vía judicial.
Hoy la capitalización bursátil de YPF es de 8400 millones de dólares que alcanza a cubrir la mitad de los 16.000 millones de dólares que debe pagar el Estado por no cumplir con el estatuto de YPF al momento de su expropiación.
Algunos analistas consideran que una vez embargadas las acciones de YPF, difícilmente se pueda volver atrás especialmente en un escenario en donde el Estado no está mostrando ni voluntad ni alternativa de pago.