Provincias petroleras cierran filas: El “espacio natural” de la política hidrocarburífera del país es la OFEPHI

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Que no se corte la Ley corta. La liga de los gobernadores petroleros le planta cara a Milei y exige un ámbito de deliberación “real” para tratar lagunas de las más de 40 modificaciones propuestas por el proyecto de la Ley Ómnibus. La promesa de Chirilo a Figueroa no alcanzó.

Los gobernadores que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se dieron cita el miércoles en Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamarle al gobierno modificaciones sustanciales al capítulo Energía del proyecto de Ley, que en estos días se debate en el plenario de comisiones de Diputados.

“Solicitamos al gobierno nacional se propicie un ámbito deliberativo, real y oportuno para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual”, reza la declaración que lleva la firma de los gobernadores Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Jujuy, y ministros y representantes de Salta, Santa Cruz y Formosa.

Si bien en el documento difundido, los gobernadores, aclaran que acompañan “los objetivos principales” de la Ley en pos de “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, listan al detalle los puntos de conflicto, artículos que expresamente rechazan.

El Diario de Río Negro refleja que el gobierno de Neuquén sentó su posición al aclarar que “las provincias productoras trabajaron con el gobierno para ponerle la impronta y las correcciones”, y que las modificaciones propuestas al proyecto no serían una iniciativa propia de los gobernadores, sino que son las modificaciones que ya venían acordando con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Esto último, en clara referencia a las promesas del funcionario nacional obetenidas por Rolando Figueroa de que no se tocaría la “ley corta”. La intención expresa en el proyecto de Ley de quitarle a las provincias la potestad sobre la administración de los recursos naturales habría sido un simple “error de redacción” que, de aceurdo a la reacción de la OFEPHI, aún no habría sido subsanado.

Lo que rechaza la OFEPHI en el proyecto de Ley Ómnibus

En primer lugar, los gobernadores reclamaron que la elaboración de pliegos de licitación para áreas hidrocarburíferas sea una facultad de las provincias, y no del gobierno nacional. Esto, según argumentaron, permitiría que los pliegos se adapten a las realidades de cada jurisdicción.

En segundo lugar, los gobernadores se opusieron a la derogación del artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, que establece un plazo de tres meses para que las empresas presenten un plan de inversión cuando descubren nuevos hidrocarburos. Consideran que esta herramienta es fundamental para el control y evaluación de la actividad.

En tercer lugar, los gobernadores rechazaron la eliminación de la facultad de las provincias de otorgar prórrogas a las concesiones hidrocarburíferas. Argumentaron que esta facultad es necesaria para garantizar la continuidad de la producción y la inversión en el sector.

En cuanto a las regalías, los gobernadores pidieron que el artículo 59 de la Ley de Hidrocarburos se mantenga sin cambios. Consideran que esta redacción ha funcionado bien y no ha generado inconvenientes.

En otros puntos, los gobernadores cuestionaron la limitación a las empresas petroleras provinciales, la creación de una legislación ambiental uniforme a nivel nacional, y el aumento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.

Los gobernadores manifestaron su disposición a participar en el debate sobre la Ley Ómnibus y adelantaron la presentación de una propuesta de texto normativo. Afirmaron que el espacio “natural” para tratar estas cuestiones es el diálogo entre Nación y provincias.

En un apartado específico, los gobernadores pidieron que el Estado Nacional continúe financiando obras de infraestructura en las provincias afectadas por la explotación hidrocarburífera. Consideran que estas obras son necesarias para garantizar la sustentabilidad social y ambiental de la actividad.

En particular, los gobernadores solicitaron que el gobierno nacional acuerde con el sector privado las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional que genera la actividad hidrocarburífera.