La disputa por la ubicación del proyecto de gas natural licuado (GNL) de YPF y Petronas ha enfrentado a los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires y Alberto Weretilneck de Río Negro. Este proyecto, vital para el futuro energético del país, se sitúa en un momento crucial, especialmente bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las restricciones cambiarias vigentes en Argentina.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya está vigente en todo el país y espera su reglamentación, y que se levante el cepo cambiario. Este régimen proporciona incentivos fiscales y aduaneros significativos para proyectos que superen los 200 millones de dólares, pero requiere la adhesión provincial para garantizar su aplicación sin obstáculos durante 30 años. La adhesión es crucial para que las provincias no impongan medidas fiscales, tributarias o ambientales que puedan afectar el proyecto a largo plazo. Según Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, los beneficios fiscales, tributarios y aduaneros, así como los permisos de exportación, solo pueden ser otorgados por la Nación, no por las provincias.
El RIGI, diseñado para atraer inversiones significativas superiores a los 200 millones de dólares, ofrece beneficios fiscales y aduaneros que son fundamentales para proyectos de esta magnitud. Sin embargo, la efectividad del RIGI se ve seriamente comprometida por el cepo cambiario, que restringe el acceso a divisas extranjeras, necesarias para importar tecnología, equipos e insumos esenciales para la implementación del proyecto de GNL.
Bahía Blanca cuenta con una infraestructura consolidada, incluyendo un puerto multipropósito operativo desde hace décadas en actividades hidrocarburíferas y de exportación. La conexión con oleoductos y gasoductos desde el sur y Neuquén, junto con un polo petroquímico robusto, refuerzan su posición. La ciudad también ofrece experiencia en regasificación de GNL y una articulación público-privada eficaz liderada por el Consorcio del Puerto.
Sin embargo, Bahía Blanca enfrenta varios desafíos: el alto flujo de buques de crudo y granos que podría complicar la evacuación del gas, la presión sobre el gas destinado a la exportación debido a la demanda interna del polo petroquímico, la necesidad de adecuar el muelle y la presencia de sindicatos consolidados que, aunque beneficiosos en algunos aspectos, podrían generar complicaciones operativas.
Punta Colorada en Río Negro ofrece una propuesta atractiva como hub exclusivo de exportación de petróleo y gas, con una conexión directa al oleoducto Vaca Muerta Sur de YPF. La capacidad de operar buques de gran tamaño (VLCC y ULCC) y las condiciones climáticas favorables para la operatividad del puerto son ventajas significativas. Además, Río Negro tiene disponibles grandes extensiones de tierra para futuras expansiones.
No obstante, Punta Colorada enfrenta desafíos como la falta de experiencia en la industria de GNL, la ausencia de un entramado productivo, y la necesidad de construir infraestructura portuaria adecuada. También podrían surgir obstáculos ambientales que compliquen el desarrollo del proyecto.
La política juega un papel crucial en esta disputa. Weretilneck tiene una mayor sintonía con la administración de Javier Milei y cuenta con el apoyo de otros gobernadores patagónicos. Por otro lado, Kicillof ha criticado el RIGI y defiende que Bahía Blanca no necesita estos nuevos incentivos. YPF y Petronas aún no han decidido públicamente la ubicación del proyecto, y el gobierno nacional ha optado por no intervenir directamente, dejando la resolución en manos de las negociaciones entre las provincias y las empresas.
Tanto Bahía Blanca como Punta Colorada presentan ventajas y desafíos únicos para la instalación del proyecto de GNL. Independientemente de la ubicación final, esta inversión representa una oportunidad transformadora para Argentina. Con el apoyo del RIGI o sin él, este proyecto es fundamental para el futuro energético y económico del país y debe ser gestionado con la mayor atención y cuidado.
Sin embargo, sin el levantamiento del cepo cambiario, la viabilidad del RIGI y, por ende, del proyecto de GNL, se encuentra en entredicho. Las restricciones cambiarias no solo dificultan el acceso a las divisas necesarias para financiar y operar el proyecto, sino que también desincentivan la inversión extranjera directa, vital para un emprendimiento de esta envergadura. La incertidumbre económica y la inestabilidad asociada al cepo cambiario plantean un entorno poco atractivo para inversiones a largo plazo, como la que se pretende realizar en el sector de GNL.
La combinación del RIGI y el cepo cambiario crea una trieja insostenible para el desarrollo del proyecto de GNL en Argentina. Mientras que el RIGI ofrece incentivos necesarios, el cepo cambiario limita la capacidad de aprovecharlos plenamente, poniendo en riesgo una inversión transformadora para el futuro energético y económico del país. La resolución de esta contradicción es crucial para asegurar el éxito de este ambicioso proyecto.