La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que la medida se encuentra en análisis y que busca optimizar su gestión y ampliar su capacidad de transporte, con inversiones de hasta USD 500 millones y un ahorro proyectado en importaciones y subsidios.
El Gobierno argentino evalúa privatizar el Gasoducto Perito Moreno, antes llamado Presidente Néstor Kirchner, como parte de su estrategia para optimizar la operación de esta infraestructura clave para la distribución de gas natural desde Vaca Muerta. La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que la medida se encuentra en análisis.
“Enarsa (Energía Argentina SA) estaba en la lista de empresas a privatizar de la Ley Bases y para privatizarla primero tenés que empezar a desprenderte de los negocios. No tengo ninguna duda de que eso tiene que ser una concesión privada”, afirmó Tettamanti al ex titular de su cartera, Gustavo Lopetegui, en la inauguración del evento Energy Day organizado por EconoJournal.
Un vínculo estratégico para Vaca Muerta
El gasoducto, inaugurado durante la gestión de Javier Milei, conecta los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta con Buenos Aires. Actualmente, la estatal Enarsa posee la infraestructura, mientras que Transportadora Gas del Sur (TGS), una firma privada controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, se encarga de su operación.
En el marco de la administración Milei, TGS presentó la primera propuesta de iniciativa privada para ampliar la capacidad del gasoducto en 14 millones de metros cúbicos diarios, un proyecto declarado de “Interés Público” por el Gobierno. La obra, valuada en USD 500 millones, contempla mejoras en cuatro plantas compresoras para elevar la capacidad de transporte de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios.
Concurso público y prioridad para TGS
Para llevar a cabo la privatización, el Gobierno anunció la apertura de un concurso público en el que podrán participar empresas nacionales e internacionales interesadas en operar y ampliar el gasoducto. Como promotora del proyecto, TGS gozará de prioridad en caso de presentarse propuestas equivalentes por parte de otros oferentes.
La transición hacia la privatización incluirá la transferencia parcial o total de la operación del gasoducto a la firma ganadora. Según Tettamanti, esta medida se alinea con la Ley Bases, que establece la necesidad de desinversión estatal previa a cualquier proceso de privatización.
Implicaciones económicas y energéticas
La ampliación del gasoducto representa un ahorro estimado de USD 500 millones en importaciones y otros USD 500 millones en subsidios, al reducir la dependencia de gas extranjero durante los picos de demanda. Además, esta obra resulta más económica que la construcción de un segundo tramo, inicialmente previsto entre Salliqueló y San Jerónimo, cuyo costo se estima en USD 2.500 millones.
Con esta expansión, el gasoducto fortalecerá el abastecimiento energético de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Litoral y el Norte del país, maximizando el aprovechamiento de las vastas reservas de gas natural de Vaca Muerta, la segunda más grande del mundo en recursos no convencionales.