El freno a la “Ley de Bases y Puntos…” podría representar también un freno a las expectativas de la industria hidrocarburífera de comenzar a gozar de una política energética “libre mercado”, que permita destrabar la rentabilidad y las inversiones, y liberar “el potencial de la Argentina para convertirse en exportador neto de energía”.
El proyecto de Ley impulsado por Javier Milei venía siendo abrazado por las empresas del sector hidrocarburífero. Durante las sesiones de las comisiones legislativas que dictaminaron el tratamiento en general, el presidente de la Cámara de Empresas de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y ex CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea, había expresado el apoyo de las petroleras a “las modificaciones a la ley 17.319 tendientes a liberalizar el sector hidrocarburífero”.
Ante los Diputados, Ormachea auguró un superávit energético de 25 mil millones de dólares. Esto “no es una fantasía”, dijo y relató que el sector proyectaba -de impulsarse las reformas- un régimen de inversiones por 15 mil millones de dólares al año, la creación de empleos de calidad, el fortalecimiento de la cadena de valor de la industria y una mejora de 29 millones de dólares de la balanza de pagos del país, para el 2030.
Con los beneficios del nuevo régimen, la Argentina pasaría “de un déficit de 4 mil millones, que tuvimos en 2022 a un superávit de 25 mil millones de dólares”, afirmó Ormachea el 16 de enero en el plenario de comisiones.
Pero convertir en realidad la no-fantasía no iba a ser cosa de magia. “Para transformar este potencial en realidad”, el sector necesitaba tres cosas de la política energética: “una regla de precios alineada con los vigentes en el mundo, la posibilidad de exportar sin restricciones y acceso a la divisa para poder repagar las inversiones.”
Las dos primeras condiciones estaban contempladas por el proyecto de Ley y por eso, afirmó Ormachea, la CEPH le había enviado una carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fijando la posición de las empresas.
El freno al proyecto de Ley podrá no complicar los planes de ajuste fiscal del ministro Luis Caputo, cuyo capítulo ya había sido retirado antes del tratamiento en general, pero sí podría demorar aún más los planes de la Argentina para convertirse en exportador de GNL.
La caída de la Ley implica, también, la caída del régimen que impulsa el desarrollo del GNL en la Argentina.
La Ley Ómnibus incluía un anexo para la promoción del GNL: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El RIGI era la iniciativa del gobierno de Javier Milei para promover las inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina, entre ellos, la industria petrolera. El RIGI venía a ofrecer una serie de beneficios impositivos, cambiarios y legales, alternativa al proyecto de promoción de GNL impulsado por Sergio Massa y auspiciado por Flavia Royón, actual secretaría de Minería. El RIGI pone el foco en la libre disponibilidad de divisas, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, reducción del impuesto a las ganancias al 25%, eliminación de retenciones e impuestos a las importaciones y dividendos, y posibilidad de descontar otros tributos.
El fracaso de la mega ley estaba latente. Se sabía. Algunos actores de la industria petrolera habían abogado para que el RIGI se presentara como una iniciativa paralela a la Ley Ómnibus. Otros, más extremos, en cambio, consideraban que era posible aprobar la normativa de Massa, que ya cuenta con sanción en Diputados, para avanzar al menos con el proyecto Argentina LNG de YPF y Petronas. Impensable en el contexto político actual.