A un año de asumir al frente de la Secretaría de Energía de la Nación, María Eugenia Tettamanti enfrenta el mismo dilema estructural que condiciona al sector desde hace más de una década: garantizar el suministro en medio de crisis recurrentes mientras intenta ofrecer señales de estabilidad a un mercado que desconfía del marco regulatorio. Su gestión se mueve entre la urgencia de evitar apagones y la promesa de generar condiciones para la inversión privada.
La funcionaria —que reemplazó en octubre de 2024 a Eduardo Rodríguez Chirillo— llegó al cargo con perfil técnico, trayectoria en el sector gasífero y respaldo político del ala económica del gobierno. Desde entonces, ha intentado consolidar un esquema más previsible de tarifas y planificación energética, aunque los avances concretos siguen limitados por las restricciones fiscales y la falta de financiamiento.
En una entrevista publicada por La Nación en agosto, Tettamanti fue tajante: “No contamos con una potencia instalada suficiente para pasar los picos de demanda de forma tranquila”. La frase sintetiza el punto más crítico de su gestión: la fragilidad estructural de un sistema eléctrico tensionado por la falta de inversión sostenida. Ese diagnóstico se repite en el gas, donde la Secretaría trabaja para permitir que los privados compren directamente cargamentos de GNL sin intermediación estatal a partir del próximo invierno, un paso hacia la liberalización del mercado pero aún sin reglamentación definitiva.
Desde EconoJournal destacan que la secretaria impulsó una reorganización interna que unificó subsecretarías y redujo estructuras heredadas, con el objetivo de acelerar decisiones. Sin embargo, el sector empresario percibe señales contradictorias. Por un lado, se promueve la libre contratación de energía y la apertura de nuevos segmentos; por otro, la inestabilidad normativa y la ausencia de una hoja de ruta tarifaria clara siguen trabando proyectos. “El riesgo regulatorio es hoy la principal barrera para invertir en energía”, admitió la propia Tettamanti en una exposición ante industriales del sector.
Ese riesgo no es teórico: la postergación de licitaciones y la demora en contratos de generación térmica y transmisión eléctrica generaron cautela en las empresas. A la vez, la revisión del esquema de subsidios —una de las principales presiones sobre el gasto público— avanza con lentitud y sin definiciones sobre cómo se segmentarán los usuarios a partir de 2026. El resultado es un sistema híbrido: parcialmente liberalizado, pero aún dependiente de transferencias estatales para sostener precios y abastecimiento.
El episodio que marcó el año fue el apagón masivo de marzo de 2025 que afectó al AMBA y parte del litoral. La secretaria fue una de las primeras funcionarias en responder públicamente, atribuyendo el colapso a fallas combinadas en generación y transporte. Aunque el servicio se restableció en pocas horas, el evento expuso la falta de capacidad de reserva y la vulnerabilidad del sistema de transmisión. Desde entonces, la Secretaría promovió una licitación de 500 megavatios en almacenamiento y transporte eléctrico, que recibió ofertas por el triple de la potencia prevista, un dato que refleja interés privado, pero también la magnitud del déficit de infraestructura.
Tettamanti sostiene que su gestión busca devolver previsibilidad a las reglas del sector. Ha reforzado los contactos con generadoras y transportistas y mantuvo diálogo con las provincias productoras para coordinar políticas de hidrocarburos y electricidad. No obstante, las asociaciones empresarias advierten que los anuncios todavía no se traducen en medidas concretas. El mercado espera definiciones sobre tarifas, acceso al crédito y mecanismos de actualización de precios mayoristas, temas que siguen bajo análisis del Ministerio de Economía.
En el terreno político, la secretaria logró mantener un perfil técnico y evitar la exposición pública que caracterizó a gestiones anteriores. Su desafío para el segundo año será convertir ese equilibrio en resultados medibles: atraer inversiones sin deteriorar la seguridad del suministro y ordenar los subsidios sin provocar un salto tarifario socialmente insostenible.
Un año después de su llegada, el balance es doble. En lo operativo, la gestión de Tettamanti ha mantenido el sistema en funcionamiento sin crisis mayores, en un contexto de volatilidad macroeconómica y restricciones externas. En lo estructural, las causas de fondo —regulación incierta, baja inversión y limitada capacidad instalada— permanecen sin resolver. La estabilidad que la Secretaría busca construir depende, todavía, de la confianza que logre generar en los actores que financian el futuro energético del país.