El Gobierno suspendió audiencia pública para definir aumentos en tarifas eléctricas

La postergación de la audiencia, programada para el 5 de noviembre, se enmarcó en la desaceleración inflacionaria reciente. Las nuevas tarifas del transporte de energía eléctrica, que entrarían en vigencia en 2025, quedaron en espera.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) suspendió una audiencia pública prevista para noviembre con el objetivo de revisar las tarifas de transporte de energía eléctrica. La decisión, anunciada el 14 de octubre en el Boletín Oficial, se adoptó en respuesta a la desaceleración inflacionaria observada en los últimos meses. La medida aplaza la discusión sobre los ajustes tarifarios que afectarían el costo de la factura de electricidad a partir de enero de 2025.

La resolución 743/2024 dejó sin efecto la convocatoria que se había establecido el 2 de octubre, en la cual se preveía recibir propuestas tarifarias y opiniones de las principales concesionarias de transporte de energía, como Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transcomahue y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La audiencia pública era un paso necesario dentro del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que busca ajustar los precios de la energía de acuerdo con los costos operativos.

El ENRE fundamentó la suspensión en la “positiva reacción de la economía” y la desaceleración inflacionaria derivada de las políticas implementadas por el Ministerio de Economía. Según el organismo, el contexto económico justifica aplazar la discusión sobre las tarifas, aunque no se estableció una nueva fecha para la audiencia. La medida se inscribe en un marco más amplio de emergencia del sector energético, declarado hasta el 31 de diciembre de 2024.

En octubre, el ENRE había dispuesto un aumento del 2,7% en las tarifas eléctricas, reflejando los costos crecientes en el transporte y la distribución de energía. Estos ajustes ubicaron la tarifa media de Edenor en $106,34 por kWh y la de Edesur en $101,82 por kWh. La suspensión de la audiencia pública añade incertidumbre respecto a futuros incrementos tarifarios, aunque el organismo dejó abierta la posibilidad de reanudar el proceso de revisión una vez que la situación económica lo permita.